Guillermo Lasso asumirá su mandato presidencial el 24 de mayo del 2021, motivo por el que VARUS dialogó con Luis Homero Mejía, dirigente empresarial del sector transporte y analista político, sobre la agenda energética del nuevo mandatario. Como transportista está de acuerdo en la transición hacia la movilidad eléctrica, la cual debe estar acompañada por un programa de gobierno que garantice la sostenibilidad del cambio.
El tema de los combustibles es socialmente delicado. Aunque en 2019 el paro de octubre se dio en reacción a la eliminación de subsidios, crisis que forzó a Lenin Moreno a restituirlos, durante el 2020 y 2021 ha habido un incremento secuencial en el precio de las gasolinas, sin reacción del movimiento indígena ni del sector del transporte.
Para Luis Homero Mejía, la pasividad del gremio del volante se explica por su debilitamiento, en general y del segmento urbano en especial, a partir de los 90. Mejía es un politólogo especializado en desarrollo, que empero ha estado ligado en su actividad privada al transporte urbano, formando actualmente parte del directorio de la compañía Semgyllfor. “Las anteriores Cooperativas, Federaciones y Asociaciones de transportistas que podían paralizar una ciudad —señala—, ahora se han constituido como compañías, donde una sola persona puede tener el 99,9% del paquete accionario”.
“Los otrora socios-cooperados, hoy «accionistas», cambian por ese hecho la manera en que se ven a sí mismos. Se podría decir que es un sujeto social distinto”, fenómeno que es más palpable en ciudades como Quito y Guayaquil, antes que, en Cuenca, lo que de todos modos no ha impedido que algunos vicios tradicionales pervivan (escasa formación política, nulo recambio de cuadros dirigenciales, corrupción, poca capacitación técnica). Por lo tanto, “los diferentes intereses en juego, antiguamente disimulados, hoy se revelan en francas divisiones, que la autoridad política de turno aprovecha para negociar e imponer este tipo de incrementos, ante un actor resquebrajado.”
La equiparación de los combustibles con el precio internacional está en línea con los acuerdos suscritos por Moreno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que tiene como alegado propósito disminuir el déficit fiscal para dar mayor maniobrabilidad al Estado. Sin embargo, a la par el organismo bilateral promueve un endeudamiento colosal, que ya roza el 70% del PIB en el caso ecuatoriano, “es decir si tu salario es 1.000 USD, debes destinar 700 a la tarjeta de crédito”.
Por ello la política del FMI divide a los economistas entre los liberales, que consideran que se está poniendo la casa en orden, y los críticos, que denuncian como a más de escalar el endeudamiento público, también cercena los ingresos fiscales (privatización de los sectores estratégicos, condonación de impuestos, etc.), doble tenaza que imposibilitará acabar de pagar esa deuda algún día.
Aunque Mejía ratifica su interés por que en la capital se potencie el cambio a buses eléctricos (como ocurrió en Guayaquil, donde se introdujo una flota de 20 unidades marca BYD), consultado respecto a si Lasso acelerará la liberalización de las gasolinas, opina que “Lastimosamente sí. Y digo lastimosamente porque en algo tan sensible como el subsidio a los combustibles, especialmente el diésel, todavía no se tiene claro el panorama.”
Justamente, aunque de inicio podría suponerse que el encarecimiento de costos para los choferes reviste una oportunidad única para acelerar la conversión eléctrica del transporte urbano, la alternativa energética propuesta por Lasso, privatizar el sistema hidroeléctrico a fin de rebajar las tarifas, despierta dudas en el dirigente.
“Todos estamos de acuerdo en la búsqueda de una transición hacia fuentes de energía limpias, pero la dependencia del diésel en el servicio urbano y de todas las otras modalidades de transporte, todavía es muy grande como para pensar en que una situación lleve directamente hacia la otra —expresa el analista—. Para un país de renta media como el nuestro, se requiere la construcción de una real política energética fruto de un proceso paulatino y consensuado entre el sector público y privado.”
Adicionalmente, Mejía manifiesta con preocupación el no tomar en cuenta el impacto sobre la ciudadanía. “Continuar con este ritmo de incrementos graduales, o peor, ensayar nuevamente un aumento brusco, causará un efecto inflacionario generalizado. Además, la pandemia de la COVID 19, está dejando secuelas a nivel económico muy fuertes en países como Ecuador”, situaciones que deben ser suficientemente ponderadas por Lasso, sino “a la vuelta de la esquina podríamos entrar en un nuevo ciclo de conflictividad social, y el cambio hacia la electrificación del transporte urbano, lejos de acelerarse, se vea ralentizado” —advierte.
En todo caso, como dirigente del sector transporte es también propositivo al plantear algunos ejes que cree deberían ser recogidos por el nuevo gobierno. “Los principales escollos que enfrentamos para concretar un plan sistemático de transición eléctrica son: el financiamiento de flota, la planificación ordenada de recambio, y una política tarifaria socialmente adecuada.”
Dado que la inversión inicial para compra de unidades electrificadas ronda el doble del de una de motorización diésel, Mejía confía en que la banca Estatal juegue un papel esencial en la transición, “ya tuvimos una experiencia bastante exitosa con el Plan Renova desde inicios de la década anterior.” Pero por las dificultades antes señaladas, “considero que las alternativas deberán estar cobijadas por un subsidio focalizado-provisional al diésel. Esta es la fórmula para que la transición sea estable, disciplinada y socialmente responsable. Como sector del transporte estaremos esperando, a partir de mayo, definiciones claras del nuevo gobierno en este tema.” —finaliza.
