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Quito obliga a los transportistas a operar buses eléctricos

La municipalidad de Quito lanza a concurso las rutas de buses en la ciudad. Es la primera vez que una política de este tipo hace hincapié en la modernización sustentable de la flota del transporte público. Al menos el 10% de las unidades deberán ser “0” emisiones.

En Quito el 70% de los desplazamientos realizados en vehículos motorizados se realizan a través de transporte público. Es por tanto, prioritario para la ciudad contar con un servicio popular por igual eficiente y sustentable.

En dicho contexto, la Secretaría de Movilidad del municipio capitalino, apoyada en los Planes Maestros de Movilidad 2009-2025 y de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2030, acaba de lanzar el concurso público para que, las compañías nacionales o internacionales interesadas, operen 17 paquetes urbanos (de entre 3 y 4 rutas) en el distrito metropolitano, lo que conlleva la puesta en funcionamiento de 250 buses de diferente eslora.

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Estas rutas estarán ahora articuladas transversalmente al metro de Quito, el que fungirá como la genuina columna vertebral de la ciudad. Es por ello, que las frecuencias obligatoriamente alimentarán tanto al Metro como al subsistema Metrobús-Q. A más de esta novedad, la más importante es el énfasis que la convocatoria hace para promover la incorporación de unidades amigables con el ambiente.

Las empresas oferentes podrán participar por la totalidad de los paquetes de rutas o únicamente por aquellos en los que tengan capacidad técnica y la suficiente disponibilidad de autobuses. No obstante, existen algunos preceptos especiales respecto a las características de la flota.

Por ejemplo, no deben exceder en promedio los 10 años de antigüedad, y el 10% de sus buses deben ser “0” emisiones (eléctricos, hidrógeno, etc.), cuya implementación deberá realizarse a partir del segundo año de vigencia del contrato de operación.

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Este tipo de buses sustentables además será obligatorio para las troncales de corredores, subtroncales, Centro Histórico, y para el cruce del Túnel Guayasamín. En todo caso, si el postulante no solamente cumple el porcentaje mínimo requerido de estos buses, sino que lo excede y/o además tiene la capacidad de proponer una conversión más rápida de la flota, es recompensado en el concurso con puntos adicionales.

Otro método de fomento a la movilidad sustentable viene dado indirectamente por la modalidad de pago. En adelante los ingresos de todos los buses se canalizarán a un fondo fiduciario a partir del cual el municipio pagará a las compañías concesionarias, según el bus y su recorrido.

Así, mientras un articulado con combustión a diésel obtendrá 2,22 USD por kilómetro recorrido, los eléctricos recibirán 2,85 USD/km. La lógica con los buses de 12 m. es la misma, a los de diésel se les pagará 1,25 USD/km, cuando su equivalente eléctrico ganará 1,60 USD/km.

Con la entrada de estas políticas en vigor para el transporte público, el cálculo más conservador llevaría a que para el año 2023 el distrito metropolitano cuente con 250 buses “0” emisiones que, por costos y disponibilidad tecnológica, preferentemente serán eléctricos. En cambio, para el año siguiente, 2024, la cifra debería crecer en al menos 34 unidades más de este tipo.

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Empero, el modelo propuesto por el cabildo levanta también algunas interrogantes. En primer término, está diseñado para reducir el número de compañías que operan en la ciudad, actualmente 62, a solamente 17. Sin embargo, la crisis derivada de la pandemia ha colocado en una situación financiera complicada al gremio del volante.

En consecuencia, asumir los costos de la transición ecológica representa un costo oneroso, que al momento la mayoría de compañías no estaría en capacidad de sortear, y más bien abriría la puerta para que inversionistas internacionales pretendan una mayor porción en la concesión de las rutas quiteñas. Por todas estas razones se espera algún pronunciamiento de los transportistas urbanos para los siguientes días.

De todos modos, la Secretaría de Movilidad ha sido clara en garantizar que el proceso será transparente, y cada una de sus fases (concurso, ejecución de contratos y operación) estarán abiertas para la veeduría ciudadana.

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