El nuevo gobierno de EEUU y sus políticas ambientalistas ratifican los planes de la industria automotriz de apostar por la transición hacia la movilidad eléctrica en el 2025. Mientras que la industria petrolera considera a estos cambios una amenaza, el sector automotriz adapta su aparato productivo e inversiones hacia la era post petrolera, en la que el Ecuador saldrá ganando o perdiendo, dependiendo de sus políticas.
El mundo en 2021 parece otro. Antes de cumplir 100 días en el poder el presidente de los EEUU, Joe Biden, revertió algunas de las políticas de su desacreditado predecesor en materia hidrocarburífera. Revocó el permiso del oleoducto Keystone XL, suspendió las concesiones para la explotación de fósiles en tierras federales, particularmente el fracking, y lo más importante reingresó a los EEUU al Acuerdo de París.
La semana pasada, además, anunció como nuevos objetivos de la nación la reducción del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 2005 para el año 2030, erigir un sector de energía totalmente descarbonizado para 2035, y contar con una economía neta de cero emisiones a más tardar para el 2050.
La respuesta del Grand Old Party, el partido republicano y del Lobby petrolero fue poner el grito en el cielo, denunciando el “comunismo verde”, y cómo estas ayudas de facto a las energías renovables degeneran el normal funcionamiento de los mercados.
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Paralelamente a la suscripción de las órdenes ejecutivas presidenciales, el fabricante de autos más grande de los EEUU, cuarto en el mundo, General Motors (GM) comunicaba que para 2025 toda su oferta de autos livianos y SUVs será eléctrica, y sus operaciones industriales, carbono neutro para 2040. La empresa, no especialmente prestigiosa por su récord en materia de responsabilidad social, sumó así su voz al coro de casas europeas que han realizado pronunciamientos similares. Peugeot anunció que su catálogo de autos será 100% eléctrico para 2025, Volvo hará lo propio para el 2030, y la alemana Audi se comprometió a realizarlo en los siguientes 10 a 15 años.
Es cierto, esta transición, es positiva para el medio ambiente. Se encausa en los propósitos de París de controlar el aumento de la temperatura en la tierra en 1.5o centígrados, y coadyubará a disfrutar de un mejor aire por donde estos autos circulen. Sobra decir que cada centavo gastado en el giro hacia la electromovilidad es para las naciones un centavo ahorrado, en relación al costo infinitamente más alto de la remediación de desastres naturales derivados del calentamiento global: huracanes, incendios forestales, inundaciones, etc., eso sin contar los daños a la vida, humana, animal y vegetal. Todo esto es cierto, pero es racional además desde una perspectiva financiera.
La reinvención de la industria automotriz viene acompañada para las empresas de una serie de oportunidades. Para empezar los motores eléctricos son más simples, tienen 2.000 piezas menos que los de combustión interna, no requieren sistemas complejos de transmisión, quema de combustibles, u otras piezas sujetas a desgaste, por lo tanto, son más sencillos de fabricar, demandando hasta un 30% menos mano de obra.
Así, a medida que la demanda de eléctricos se ha vuelto más sólida, los fabricantes han encontrado en estos vehículos una posibilidad real de abaratar dramáticamente los costos de producción. Pero esto naturalmente repercutirá en la reducción de plazas de trabajo. Estadísticas internacionales señalan que la industria automotriz podría perder 306.000 puestos de trabajo hasta 2030.
GM ha cerrado tres plantas en los últimos años, mientras que marcas como Mercedes Benz y Volkswagen, han anunciado mejoras de competitividad a través de sendas reducciones de personal. Lo cierto es que del total de despidos que los fabricantes planifican, apenas un tercio es directamente imputable a la fabricación de eléctricos (recortes que según se dice servirán para la investigación y el desarrollo de automóviles nuevos), mientras que el resto es consecuencia de otras medidas de mejora productiva.
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Ahora bien, para un país como Ecuador que no es un productor substancial de vehículos, la transición eléctrica no representa un problema en materia laboral, al menos en lo que se refiere al mercado automotriz. Por lo demás, en el país el grueso del negocio automotor se halla en la importación, la reventa, los suministros y los servicios complementarios, o sea en su mayoría negocios pequeños y medianos, y es precisamente aquí donde, las estimaciones de la industria prevén, más bien, que la movilidad eléctrica creará trabajos. No sólo las estaciones de bombeo en algunos años se volverán estaciones de recarga, sino que serán necesarios nuevos técnicos automotrices y eléctricos para satisfacer los servicios y prestaciones de tecnología.
A nivel internacional, en cambio, la diversificación eléctrica de la industria apunta a que la investigación en este ámbito se vuelve cada vez más rentable, y por lo tanto más competitiva. Hoy los laboratorios bregan por crear baterías con autonomías de una semana o más, las universidades investigan medios para captar carbono de la atmósfera y almacenarlo, y los diseñadores reimaginan la ergonomía de autos, que ya no se construyen alrededor del motor, sino de los usos humanos. En estas empresas surge un potencial de retorno económico torrencial para quien desarrolle modelos eficaces.
De todos modos, es también evidente que con esta evolución la gran perdedora es la industria petrolera, en el mundo y en el Ecuador, la que se verá afectada en sus ingresos y en los trabajos que podrá generar. Mientras las petroleras miran atónitas los decretos suscritos por Biden, las compañías automotrices complacidas le prestan el esfero.
