Pese a las ventajas y estímulos que reciben los autos eléctricos, su adopción encara todavía para los conductores particulares y profesionales por igual, serias barreras financieras, legales, de conocimiento e infraestructura.
Es por ello que la movilidad eléctrica en el país no ha dado sino pininos. Como muestra hasta agosto de 2020, en Ecuador se habían matriculado apenas 485 vehículos eléctricos a batería, lo que representa menos del 0,02% del parque automotor; mientras que, en ningún año, los enchufables habían logrado acaparar más del 0,2% de las ventas totales del mercado automotriz.
En buena medida esta situación responde a la incipiente articulación entre los actores del sector público en torno a cómo fomentar o sostener la transición hacia la movilidad sustentable. Para atender y superar este y otros desafíos se requería una política pública complexiva, que sirva para conciliar las acciones y programas de las distintas instancias públicas (nacionales y locales); brinde claridad a los actores privados (empresariales y particulares); y asegure el cumplimiento de los compromisos ambientales que la diplomacia ecuatoriana suscribió en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 21) para la reducción en un 9% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el sector de energía hasta el 2025. En este contexto se ha propuesto la primera Estrategia Nacional de Electromovilidad para Ecuador (ENEM).
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La estrategia fue desarrollada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y discutida de modo participativo con otras agencias estatales.
Entre sus acciones constan puntos como montar la red de infraestructura necesaria para brindar operatividad al transporte eléctrico, fijar estándares de control de las emisiones para los motores térmicos, introducir esquemas tarifarios favorables para el transporte eléctrico público, y mejorar los precios de los vehículos eléctricos a fin de mejorar su competitividad comercial.
Las metas de la ENEM parten de la comprensión de que entre los rubros que conforman la matriz productiva nacional, el transporte es el mayor generador de GEI totalizando un 48,5% de las emisiones nacionales. Por ello, si las metas de la ENEM se cumplen, se espera que entre 2020 a 2040 Ecuador reduzca 16.5 millones de toneladas de CO2, además de 180 mil toneladas de óxidos nitrosos y 4 mil toneladas de material particulado. Este freno de emisiones se traduciría además en un ahorro social de aproximadamente 843 millones de dólares.
Empero, la ENEM contempla también la siempre acalorada discusión respecto a la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles. Por lo que sus medidas, se asegura, evitarán el consumo de 6500 millones de litros de diésel, y 5800 millones de litros de gasolina, lo que —según el documento— reduciría la salida de divisas por importación de derivados del petróleo en aproximadamente 6400 millones de USD. Es decir que, en total, la propuesta estima un ahorro de 7243 millones de USD en los próximos 19 años.
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No obstante, estos objetivos se muestran conservadores y hasta decepcionantes, si se toma en cuenta que la penetración de modelos eléctricos sugerida para 2040 sería bastante baja.
Solamente el 25% (590.000) de los autos ligeros que circulan en nuestras calles; los camiones ligeros en apenas un 40% (30.000); mientras los taxis eléctricos apenas 60% (90.000); y los buses públicos, los que lograrían la mejor cobertura, representarían el 70% (40.000) de las unidades. Estas son figuras poca audaces si se considera que varios países, incluidos algunos latinoamericanos, han asumido metas similares, tanto para la reducción de GEI como para porcentajes equivalentes del parque automotor, no más lejanas a los próximos 10 años.
En cualquier caso, la ENEM, que con seguridad será materia de debate en los años venideros, es un paso decisivo que introduce a la política pública por primera vez la problematización integral de la descarbonización, la eficiencia y la sostenibilidad del transporte terrestre en el Ecuador. Por tanto, representa un importante paso para el mejoramiento del desempeño energético de la nación, además de prometer ingentes ahorros para el Estado, la ciudadanía, y la salud pública.
