Pabel Muñoz es el nuevo alcalde de Quito. Durante la campaña, el nuevo burgomaestre promocionaba la movilidad eléctrica como un eje central de su plan de trabajo. Representantes del gremio solicitan políticas claras para garantizar la seguridad jurídica y sostenibilidad financiera de los proyectos de electromovilidad.
El nuevo alcalde prevé, según su plan de trabajo, renovar la flota municipal con énfasis en tecnologías limpias. Además, incentivará la transición de camiones, taxis y motos hacia fuentes de energía limpia, y establecerá una regulación favorable para el transporte eléctrico e instalación de electrolineras.
Los dirigentes del transporte Jorge Yanez Romero, Carlos Poveda y Pablo Lima coinciden en que la seguridad jurídica y sostenibilidad financiara son pilares indispensables para implementar proyectos de buses eléctricos en Quito.
Según los directivos las decisiones deben ser técnicas y no políticas. Esto implica tener un fuerte liderazgo para emitir ordenanzas y regulaciones que garantice el apoyo gubernamental en la compra de los vehículos, la construcción de infraestructura de carga y la emisión de garantías.
Captar fondos es el mayor reto para las empresas de transporte que desean operar buses eléctricos. Según Carlos Poveda, Gerente del Corredor Sur Occidental, “las políticas públicas deben adaptarse a las nuevas modalidades de financiamiento y permitir alianzas entre prestamistas internacionales y operadores locales, tal como lo hacen exitosamente ciudades como Bogotá y Santiago de Chile”.
Pablo Lima, Gerente de la empresa de pasajeros Guadalajara, coincide al afirmar que “Es imperativo que se establezca un fondo metropolitano con la capacidad de emitir garantías para acceder al financiamiento internacional”.
De su lado, el Gerente de la empresa de pasajeros Translatinos, Jorge Yanez Romero, comenta que “Sí el gobierno nacional redireccionara el subsidio al combustible hacia la compra de buses eléctricos, se resolvería el problema de los subsidios a los combustibles, mejoraría la calidad de aire de las ciudades y la salud de la comunidad”, e indica que “si se cambiaria toda la flota de buses en Quito por eléctricos, el Estado se ahorraría unos $ 700 millones en 20 años”.
De darse las condiciones favorables, los representantes afirman poder implementar inmediatamente 180 buses eléctricos en Quito. Los proyectos cuentan con los estudios de prefactibilidad y han sido presentados a las administraciones municipales desde el 2018.
